Más de 50 denuncias consignadas en Comisión contra fraudes inmobiliarios. Mañana inicia proceso de sanción contra constructoras

Daniela Martucci

Valencia, junio 28 (REDACTA). - Griselda Sierra compró una vivienda en preventa hace tres años (junio 2006) y hasta la fecha la empresa ni siquiera ha comenzado a construir, por presentar problemas con los permisos que otorga la alcaldía de San Diego. “Pedí que me reintegraran el dinero pero me dicen que los gastos administrativos no serán regresados”, comentó la afectada que esperaba ser atendida en la oficina de Corpocentro, donde se han consignado más de 50 denuncias de fraudes y estafas inmobiliarias.

Hasta el 23 de marzo Sierra canceló 56 mil bolívares fuertes, más la indemnización suman Bs.F. 63 mil. Este cálculo fue hecho por la constructora hace tres meses. La resolución número 110 del Ministerio para las Obras Públicas y Vivienda (MOPVI) establece que el reintegro de su dinero debe incluir indemnización hasta la fecha y lo que se haya totalizado por gastos administrativos ya que, según la asesoraron, “no es mi culpa que ellos no hayan podido construir”.

Ya establecida la Comisión Coordinadora contra el Fraude, Estafa y Usura Inmobiliaria, el público ha asistido masivamente a la oficina de Corpocentro dispuesta para la recepción de denuncias. Los funcionarios y fiscales estuvieron el viernes acompañados por el diputado Osmar Gómez, presidente de la comisión y la directora regional del MOPVI Arelys Marín.

Al igual que Sierra son muchos los casos sometidos a investigación por la comisión, para que el próximo martes se comience a tomar acciones contra las inmobiliarias y constructoras que al parecer están actuando al margen de la ley.

“Hasta el momento se han producido más de 50 denuncias fuertes en contra de inmobiliaria Irma, Coyserca, Grupo Fernández, Blancoveca, Constructora Caribe, Malis House, Amazonia, entre otras”, reportó el diputado Gómez. Comentó que muchas contratistas están presionando para que se les cancele el Indice de Precio al Consumidor (IPC) correspondiente a los meses previos al 10 de noviembre de 2008 pero “la ley dice que no se debe cancelar el impuesto en esta fecha, ni ajustes inflacionarios o de corrección” mantuvo.

Algunos constructores hasta han cambiado el contrato anteriormente firmado, según refirió Gómez. “Cualquier cobro que se haga en la actualidad de IPC no debe ser cancelado y debe denunciarse ante esta comisión”, expresó. Una vez recogidas las denuncias, se hará un breve recuento que será presentado ante el consejo legislativo regional y, luego de que ambas partes presenten su defensa, el caso pasará al ente correspondiente (Fiscalía o Indepabis) para que se aplique la sanción respectiva.

Entre los presentes se encontraba Hassan Richani, quien es presidente de la Federación Nacional de Vivienda en Carabobo y expuso ante los funcionarios la inquietud que mantiene como constructor al que día a día se le incrementa el costo en materiales que debe reponer de alguna forma. “Se nos hace imposible mantener un precio igual al que teníamos hace nueve meses. Si regulan la vivienda, por ley deben regularse los materiales para la construcción”, protestó.

IPC causado sin definirse

Rafael Trejo, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, aseguró que las empresas afiliadas están haciendo el respectivo reintegro del IPC a sus compradores. “Las personas que ya protocolizaron han sido llamadas a buscar su cheque y las que continúan pagando tienen la opción de abonar el monto como forma de pago”, aseveró.

Se han solicitado reuniones para definir cómo será el cobro del llamado “IPC causado”, el cual surge de un convenio de pago entre el promotor y el cliente, donde se acuerda cancelar el impuesto al final. “El articulado no establece de qué forma queda estipulado el cobro en casos como éstos”, determinó Trejo.

Las oficinas de la comisión contra el fraude inmobiliario, ubicadas en la sede de Corpocentro en la avenida Bolívar, abren sus puertas al público los días lunes, viernes y sábado hasta mediodía.