miércoles, 23 de septiembre de 2009
lunes, 29 de junio de 2009
Más de 50 denuncias consignadas en Comisión contra fraudes inmobiliarios. Mañana inicia proceso de sanción contra constructoras
Daniela Martucci
Valencia, junio 28 (REDACTA). - Griselda Sierra compró una vivienda en preventa hace tres años (junio 2006) y hasta la fecha la empresa ni siquiera ha comenzado a construir, por presentar problemas con los permisos que otorga la alcaldía de San Diego. “Pedí que me reintegraran el dinero pero me dicen que los gastos administrativos no serán regresados”, comentó la afectada que esperaba ser atendida en la oficina de Corpocentro, donde se han consignado más de 50 denuncias de fraudes y estafas inmobiliarias.
Hasta el 23 de marzo Sierra canceló 56 mil bolívares fuertes, más la indemnización suman Bs.F. 63 mil. Este cálculo fue hecho por la constructora hace tres meses. La resolución número 110 del Ministerio para las Obras Públicas y Vivienda (MOPVI) establece que el reintegro de su dinero debe incluir indemnización hasta la fecha y lo que se haya totalizado por gastos administrativos ya que, según la asesoraron, “no es mi culpa que ellos no hayan podido construir”.
Ya establecida la Comisión Coordinadora contra el Fraude, Estafa y Usura Inmobiliaria, el público ha asistido masivamente a la oficina de Corpocentro dispuesta para la recepción de denuncias. Los funcionarios y fiscales estuvieron el viernes acompañados por el diputado Osmar Gómez, presidente de la comisión y la directora regional del MOPVI Arelys Marín.
Al igual que Sierra son muchos los casos sometidos a investigación por la comisión, para que el próximo martes se comience a tomar acciones contra las inmobiliarias y constructoras que al parecer están actuando al margen de la ley.
“Hasta el momento se han producido más de 50 denuncias fuertes en contra de inmobiliaria Irma, Coyserca, Grupo Fernández, Blancoveca, Constructora Caribe, Malis House, Amazonia, entre otras”, reportó el diputado Gómez. Comentó que muchas contratistas están presionando para que se les cancele el Indice de Precio al Consumidor (IPC) correspondiente a los meses previos al 10 de noviembre de 2008 pero “la ley dice que no se debe cancelar el impuesto en esta fecha, ni ajustes inflacionarios o de corrección” mantuvo.
Algunos constructores hasta han cambiado el contrato anteriormente firmado, según refirió Gómez. “Cualquier cobro que se haga en la actualidad de IPC no debe ser cancelado y debe denunciarse ante esta comisión”, expresó. Una vez recogidas las denuncias, se hará un breve recuento que será presentado ante el consejo legislativo regional y, luego de que ambas partes presenten su defensa, el caso pasará al ente correspondiente (Fiscalía o Indepabis) para que se aplique la sanción respectiva.
Entre los presentes se encontraba Hassan Richani, quien es presidente de la Federación Nacional de Vivienda en Carabobo y expuso ante los funcionarios la inquietud que mantiene como constructor al que día a día se le incrementa el costo en materiales que debe reponer de alguna forma. “Se nos hace imposible mantener un precio igual al que teníamos hace nueve meses. Si regulan la vivienda, por ley deben regularse los materiales para la construcción”, protestó.
IPC causado sin definirse
Rafael Trejo, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, aseguró que las empresas afiliadas están haciendo el respectivo reintegro del IPC a sus compradores. “Las personas que ya protocolizaron han sido llamadas a buscar su cheque y las que continúan pagando tienen la opción de abonar el monto como forma de pago”, aseveró.
Se han solicitado reuniones para definir cómo será el cobro del llamado “IPC causado”, el cual surge de un convenio de pago entre el promotor y el cliente, donde se acuerda cancelar el impuesto al final. “El articulado no establece de qué forma queda estipulado el cobro en casos como éstos”, determinó Trejo.
Las oficinas de la comisión contra el fraude inmobiliario, ubicadas en la sede de Corpocentro en la avenida Bolívar, abren sus puertas al público los días lunes, viernes y sábado hasta mediodía.
Valencia, junio 28 (REDACTA). - Griselda Sierra compró una vivienda en preventa hace tres años (junio 2006) y hasta la fecha la empresa ni siquiera ha comenzado a construir, por presentar problemas con los permisos que otorga la alcaldía de San Diego. “Pedí que me reintegraran el dinero pero me dicen que los gastos administrativos no serán regresados”, comentó la afectada que esperaba ser atendida en la oficina de Corpocentro, donde se han consignado más de 50 denuncias de fraudes y estafas inmobiliarias.
Hasta el 23 de marzo Sierra canceló 56 mil bolívares fuertes, más la indemnización suman Bs.F. 63 mil. Este cálculo fue hecho por la constructora hace tres meses. La resolución número 110 del Ministerio para las Obras Públicas y Vivienda (MOPVI) establece que el reintegro de su dinero debe incluir indemnización hasta la fecha y lo que se haya totalizado por gastos administrativos ya que, según la asesoraron, “no es mi culpa que ellos no hayan podido construir”.
Ya establecida la Comisión Coordinadora contra el Fraude, Estafa y Usura Inmobiliaria, el público ha asistido masivamente a la oficina de Corpocentro dispuesta para la recepción de denuncias. Los funcionarios y fiscales estuvieron el viernes acompañados por el diputado Osmar Gómez, presidente de la comisión y la directora regional del MOPVI Arelys Marín.
Al igual que Sierra son muchos los casos sometidos a investigación por la comisión, para que el próximo martes se comience a tomar acciones contra las inmobiliarias y constructoras que al parecer están actuando al margen de la ley.
“Hasta el momento se han producido más de 50 denuncias fuertes en contra de inmobiliaria Irma, Coyserca, Grupo Fernández, Blancoveca, Constructora Caribe, Malis House, Amazonia, entre otras”, reportó el diputado Gómez. Comentó que muchas contratistas están presionando para que se les cancele el Indice de Precio al Consumidor (IPC) correspondiente a los meses previos al 10 de noviembre de 2008 pero “la ley dice que no se debe cancelar el impuesto en esta fecha, ni ajustes inflacionarios o de corrección” mantuvo.
Algunos constructores hasta han cambiado el contrato anteriormente firmado, según refirió Gómez. “Cualquier cobro que se haga en la actualidad de IPC no debe ser cancelado y debe denunciarse ante esta comisión”, expresó. Una vez recogidas las denuncias, se hará un breve recuento que será presentado ante el consejo legislativo regional y, luego de que ambas partes presenten su defensa, el caso pasará al ente correspondiente (Fiscalía o Indepabis) para que se aplique la sanción respectiva.
Entre los presentes se encontraba Hassan Richani, quien es presidente de la Federación Nacional de Vivienda en Carabobo y expuso ante los funcionarios la inquietud que mantiene como constructor al que día a día se le incrementa el costo en materiales que debe reponer de alguna forma. “Se nos hace imposible mantener un precio igual al que teníamos hace nueve meses. Si regulan la vivienda, por ley deben regularse los materiales para la construcción”, protestó.
IPC causado sin definirse
Rafael Trejo, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, aseguró que las empresas afiliadas están haciendo el respectivo reintegro del IPC a sus compradores. “Las personas que ya protocolizaron han sido llamadas a buscar su cheque y las que continúan pagando tienen la opción de abonar el monto como forma de pago”, aseveró.
Se han solicitado reuniones para definir cómo será el cobro del llamado “IPC causado”, el cual surge de un convenio de pago entre el promotor y el cliente, donde se acuerda cancelar el impuesto al final. “El articulado no establece de qué forma queda estipulado el cobro en casos como éstos”, determinó Trejo.
Las oficinas de la comisión contra el fraude inmobiliario, ubicadas en la sede de Corpocentro en la avenida Bolívar, abren sus puertas al público los días lunes, viernes y sábado hasta mediodía.
domingo, 28 de junio de 2009
Persisten irregularidades en construcción de Alianza Garden
Johanna Alvarez Alvarez
Valencia, junio 27 (REDACTA).- Las presuntas irregularidades en la construcción del Conjunto Residencial Alianza Garden en Guacara, a cargo del Consorcio Alteza 13-15, persisten, pese a las reiteradas denuncias de un grupo de copropietarios.
Los afectados señalaron que representantes de la constructora comentaron que se incrementará el monto final de los apartamentos, por el aumento de los materiales de construcción y mano de obra. Indicaron que el monto total a cancelar se les precisará tres meses antes de la protocolización del documento de venta, que se estima para finales del año 2010.
Nieves Rodríguez, vocera del grupo, aseguró que 5 de las 18 torres del proyecto de Alianza Garden no tienen terreno para su construcción, debido a la presencia de pisatarios en el lugar desde hace 30 años. Alteza 13-15 les afirmó que las torres podrán concluirse en unos cinco años.
Rodríguez reiteró que la constructora sigue ofertando y cobrando cuotas por las cinco torres sin contar con los terrenos. La fecha de culminación de la obra es otra queja que tiene el grupo de copropietarios, porque no se especificaba en los contratos que firmaron. En 2007, los vendedores les dijeron que el conjunto residencial estaría listo para agosto de 2008, y en las últimas reuniones que han tenido con representantes del consorcio les dijeron que será para finales de 2010.
Los copropietarios presentaron el caso ante el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis). Dueños de Alteza 13-15 fueron citados en dos ocasiones anteriores, pero no han acudido. La próxima reunión es para el martes 30.
Hace un mes, el Concejo Municipal de Guacara ordenó la paralización definitiva de las obras, por presumirse una estafa a más de 300 familias, y exigió iniciar una averiguación administrativa a Alteza 13-15. Días después, representantes legales del consorcio señalaron que las obras se restablecerían en los próximos días, pues consignaron los documentos exigidos por la Dirección de Infraestructura de Guacara.
Pablo Bolaños, uno de los encargados de la obra, indicó que la cámara municipal ayudará a retirar a las personas que invadieron unos terrenos, lo que impide la construcción de algunas edificaciones. Explicó que la demora se debe a la tardanza de la cédula de habitabilidad y de la entrega definitiva de los recursos que el Estado venezolano debe suministrar al banco para la efectiva protocolización.
Extraido del Diario El Carabobeño:
http://www.el-carabobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a280609b08&id=t280609-b08
lunes, 22 de junio de 2009
Indepabis crea comisión contra estafas inmobiliarias
Valencia (REDACTA) Tras la eliminación del cobro del Índice de
Precios al Consumidor (IPC) sobre el costo final de las viviendas y la
serie de denuncias que se han generado respecto a la incapacidad de
las constructoras que continuar sus obras o de reembolsar las sumas
ya canceladas por este concepto, la oficina regional del Indepabis
creo la Comisión de coordinación contra el fraude la estafa e usura
inmobiliaria en el estado.
Los afectados por todo los concerniente a la eliminación del impuesto,
así como por estafas inmobiliarias podrán acudir los lunes, viernes y
sábado antes de las 12 del mediodía a la sede de Coorpocentro, en la
avenida Bolívar, desde donde funcionará la comisión.
Respecto a los reintegros de montos ya cancelados bajo el concepto
de IPC, las empresas constructoras tienen, según los estipulado en la ley, 10 días para hacer efectivos los
reembolsos por lo que próximamente iniciarán las investigaciones pertinentes a fin de conocer si esto se está
cumpliendo.
Este grupo será presidido por Osmar Gómez, diputado de la Asamblea Nacional, con el apoyo de Carlos Guía,
coordinador regional del organismo del Indepabis y el defensor del Pueblo, Teodardo Zamora.
Ya en días anteriores, Darío Vivas, presidente de la Comisión Permanente de Participación y Desarrollo Social
de la AN anunció sobre la formación de equipos multidisciplinarios en cada estado, con representantes del
Ministerio Público, Ministerio de Comercio, Obras Públicas y Vivienda, Defensoría del Pueblo e Indepabis, en
función de la defensa de las familias venezolanas “que han sido estafadas por la aplicación y cobro ilegal del
Indice de Precio al Consumidor”.
Para el momento Vivas aseguró que la devolución del IPC debe ser automática, “no es necesario formalizar
acuerdos, es un mandato que debe ser cumplido por los constructores que cobraron más de lo que debían”.
Afectados será antendidos los lunes,
viernes y sábado hasta mediodía en la sede
de Coorpocentro.
(Foto Archivo)
Precios al Consumidor (IPC) sobre el costo final de las viviendas y la
serie de denuncias que se han generado respecto a la incapacidad de
las constructoras que continuar sus obras o de reembolsar las sumas
ya canceladas por este concepto, la oficina regional del Indepabis
creo la Comisión de coordinación contra el fraude la estafa e usura
inmobiliaria en el estado.
Los afectados por todo los concerniente a la eliminación del impuesto,
así como por estafas inmobiliarias podrán acudir los lunes, viernes y
sábado antes de las 12 del mediodía a la sede de Coorpocentro, en la
avenida Bolívar, desde donde funcionará la comisión.
Respecto a los reintegros de montos ya cancelados bajo el concepto
de IPC, las empresas constructoras tienen, según los estipulado en la ley, 10 días para hacer efectivos los
reembolsos por lo que próximamente iniciarán las investigaciones pertinentes a fin de conocer si esto se está
cumpliendo.
Este grupo será presidido por Osmar Gómez, diputado de la Asamblea Nacional, con el apoyo de Carlos Guía,
coordinador regional del organismo del Indepabis y el defensor del Pueblo, Teodardo Zamora.
Ya en días anteriores, Darío Vivas, presidente de la Comisión Permanente de Participación y Desarrollo Social
de la AN anunció sobre la formación de equipos multidisciplinarios en cada estado, con representantes del
Ministerio Público, Ministerio de Comercio, Obras Públicas y Vivienda, Defensoría del Pueblo e Indepabis, en
función de la defensa de las familias venezolanas “que han sido estafadas por la aplicación y cobro ilegal del
Indice de Precio al Consumidor”.
Para el momento Vivas aseguró que la devolución del IPC debe ser automática, “no es necesario formalizar
acuerdos, es un mandato que debe ser cumplido por los constructores que cobraron más de lo que debían”.
Afectados será antendidos los lunes,
viernes y sábado hasta mediodía en la sede
de Coorpocentro.
(Foto Archivo)
Denuncias sobre incumplimiento de la Resolucion Nº 110…
SALUDOS AMIGOS USUARIOS
PONEMOS A SU DISPOSICION EL SERVICIO OFRECIDO POR EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA (MOPVI) PARA RECIBIR SUS DENUNCIAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION Nº 110, SOBRE EL COBRO ILEGAL DEL IPC.
COORDINACION NACIONAL DE DENUNCIAS:
DIRECTOR: SAMIR NASSAR
EMAIL: inquilinato@mopvi.gob.ve - ipc@mopvi.gob.ve
TELEFONO MASTER: 2014IPC (2014472)
COORDINACION DENUNCIAS CARABOBO:
DIRECTORA: JOSEFINA Y. ACOSTA RONDON
DIRECCION: SEDE DE CORPOCENTRO AVENIDA BOLIVAR NORTE
EMAIL: decarabobo@mopvi.gob.ve
TELEFONO: 0241 833 39 17 - 864 25 55
PONEMOS A SU DISPOSICION EL SERVICIO OFRECIDO POR EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA (MOPVI) PARA RECIBIR SUS DENUNCIAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION Nº 110, SOBRE EL COBRO ILEGAL DEL IPC.
COORDINACION NACIONAL DE DENUNCIAS:
DIRECTOR: SAMIR NASSAR
EMAIL: inquilinato@mopvi.gob.ve - ipc@mopvi.gob.ve
TELEFONO MASTER: 2014IPC (2014472)
COORDINACION DENUNCIAS CARABOBO:
DIRECTORA: JOSEFINA Y. ACOSTA RONDON
DIRECCION: SEDE DE CORPOCENTRO AVENIDA BOLIVAR NORTE
EMAIL: decarabobo@mopvi.gob.ve
TELEFONO: 0241 833 39 17 - 864 25 55
viernes, 19 de junio de 2009
Chávez amenazó con tomar empresas constructoras privadas
El presidente venezolano Hugo Chávez amenazó el jueves con tomar el control las obras y expropiar la maquinarias de todas aquellas empresas constructoras que paralicen la edificación de viviendas tras la entrada en vigencia de una resolución que suprime el cobro del índice de precios al consumidor (IPC) para las adquisiciones de casas.
La nueva resolución, que entró en vigencia tras su publicación en la Gaceta Oficial el 10 de junio, elimina el cobro del IPC en aquellos contratos que tengan por objeto la adquisición de viviendas por construirse, en construcción o ya construidas.
La resolución– que le da potestad al gobierno para “intervenir cualquier urbanismo” que desacate la medida– también ordena devolver el dinero cobrado desde el 10 de noviembre de 2008 por ese concepto.
“Empresa privada que no quiera, que se pare, le tomas la obra y las máquinas porque no es que se van a ir… y el gobierno asume el proyecto”, dijo el mandatario al ministro de Obras Públicas durante una edición especial de su programa de radio y televisión.
“Prepara tú pelotones (grupos militares) o los grupos de intervención, pero eso sí, me les quitas las maquinas… para seguir trabajando”, agregó.
Aunque el IPC es principalmente un indicador estadístico sobre el aumento de precios de varios productos, las empresas cobraban ese diferencial en el pago de algunas viviendas, principalmente cuando había demoras en los créditos hipotecarios.
Entre los meses de marzo, abril y mayo el gobierno de Chávez reactivó los procesos de nacionalizaciones y expropiaciones con la toma de control de todas las áreas que poseen las almacenadoras privadas en los puertos del país, una planta procesadora de arroz de la estadounidense Cargill; 74 empresas que prestaban servicios a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA); cuatro compañías productoras de hierro briqueteado, cerámicas y tubos; y la adquisición del Banco de Venezuela, la tercera mayor institución financiera del país
La nueva resolución, que entró en vigencia tras su publicación en la Gaceta Oficial el 10 de junio, elimina el cobro del IPC en aquellos contratos que tengan por objeto la adquisición de viviendas por construirse, en construcción o ya construidas.
La resolución– que le da potestad al gobierno para “intervenir cualquier urbanismo” que desacate la medida– también ordena devolver el dinero cobrado desde el 10 de noviembre de 2008 por ese concepto.
“Empresa privada que no quiera, que se pare, le tomas la obra y las máquinas porque no es que se van a ir… y el gobierno asume el proyecto”, dijo el mandatario al ministro de Obras Públicas durante una edición especial de su programa de radio y televisión.
“Prepara tú pelotones (grupos militares) o los grupos de intervención, pero eso sí, me les quitas las maquinas… para seguir trabajando”, agregó.
Aunque el IPC es principalmente un indicador estadístico sobre el aumento de precios de varios productos, las empresas cobraban ese diferencial en el pago de algunas viviendas, principalmente cuando había demoras en los créditos hipotecarios.
Entre los meses de marzo, abril y mayo el gobierno de Chávez reactivó los procesos de nacionalizaciones y expropiaciones con la toma de control de todas las áreas que poseen las almacenadoras privadas en los puertos del país, una planta procesadora de arroz de la estadounidense Cargill; 74 empresas que prestaban servicios a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA); cuatro compañías productoras de hierro briqueteado, cerámicas y tubos; y la adquisición del Banco de Venezuela, la tercera mayor institución financiera del país
sábado, 13 de junio de 2009
martes, 12 de mayo de 2009
Constructora Alteza debe reubicar a familias de Alianza Garden
Las obras serán paralizadas mientras el Concejo Municipal esclarece el caso que presumen se trate de una estafa.(Foto Larry Soto)
Luisángela Giménez Díaz
Guacara, mayo 11 (REDACTA).- En aras de solucionar la entrega de viviendas a más de 150 familias en la urbanización Alianza Garden, en Guacara, se instaló este lunes una comisión en el Concejo Municipal de Guacara, presidida por la edil Silvia Guerra. Se espera que la empresa constructora Alteza 1315 reubique a las personas que desde el año 2007, cancelaron la inicial para adquirir las edificaciones.
Carlos Mendoza contó que canceló una inicial de 21 mil bolívares fuertes como parte de la inicial de un apartamento ubicado en la torre siete, el cual debió ser entregado en el año 2007, según pactos “verbales”.
Hasta la fecha sigue residiendo con su familia, en un anexo de dos habitaciones que oscila entre los 400 y 500 bolívares fuertes el alquiler.
Mendoza explicó que al parecer la constructora Alteza 1315, encargada de la construcción de las viviendas vendió tres torres, en terrenos que están invadidos desde hace más de 20 años por cuatro familias catalogadas como “pisatarios”.
Presunta estafa
En la reunión, la directora de Permisología de la Alcaldía de Guacara, María Daniela Aponte notificó que luego de leer todos los expedientes consignados en el ayuntamiento, la problemática se trata de una presunta estafa en la cual estarían implicados ex funcionarios de la Alcaldía de Guacara durante el mandato de José Manuel Flores, ya que el proyecto urbanístico no contempla impacto ambiental, no hay factibilidad de servicios básicos y se prometió a las familias la construcción de casas aunque no eran de los constructores. Sin embargo, esos permisos fueron firmados por el ayuntamiento local.
La comisión ampliada del Concejo Municipal, integrada por los parlamentarios Silvia Guerra, Rodolfo Matheus y Alberto Robles, propuso a los directivos de la empresa Alteza 1315, reubicar a las familias afectadas en otros urbanismos que realiza la compañía en otro terreno cercano a la parroquia Ciudad Alianza.
Uno de los directivos de la constructora de nombre José Luis Delgado Bolaño, salió de manera intempestiva de la reunión sin aportar soluciones a la situación irregular.
Las obras serán paralizadas y se acordó una segunda reunión para el viernes 15 de mayo a las 10:00 de la mañana con los pisatarios y los directivos de la constructora.
Tomado de El Carabobeño.
Piden concejales
Reubicar a familias de Alianza Garden
Guacara, mayo 11 (Petra María Jiménez).- Con la finalidad de solucionar la entrega de viviendas a las casi 150 familias en la urbanización Alianza Garden, se instaló el pasado lunes una comisión ampliada en el Concejo Municipal de Guacara, presidida por la edil Silvia Guerra en la que se espera que la empresa constructora reubique a las personas que desde el año 2007 cancelaron la inicial de las edificaciones.
Daylester Ortiz, una de las afectadas, señaló que pagó desde el año 2007 la inicial de su apartamento, y que los encargados de la obra se la prometieron para principios del 2008, pero hasta la fecha ni siquiera han erigido las bases para su posterior construcción.
"Estamos muy preocupados por el retraso en la entrega, porque sabemos que no han iniciado la cimentación, al parecer el terreno que iba ser utilizado para la obra, está invadido por unas personas pero se desconoce la veracidad de esto", precisó la Ortiz.
Otro de los vecinos presentes en la reunión, de nombre Carlos Mendoza, dijo que si la empresa constructora sabía de la problemática del terreno, por qué proyectó edificios sobre un espacio que al parecer tiene una demanda ante las instancias correspondientes.
Por otra parte, la comisión ampliada del Concejo Municipal, en donde estuvieron presentes los parlamentarios Silvia Guerra, Rodolfo Matheus y Alberto Robles, además de la jefa de permisología de Infraestructura Municipal, María Daniela Aponte, propuso a los directivos de la empresa Altesa 1315, responsable de la misma, reubicar a las familias afectadas en otros urbanismos que realiza la referida compañía en otro terreno cercano a la parroquia Ciudad Alianza.
"Sólo queremos que se le resuelva la situación a las personas que cancelaron desde hace dos años su inicial para obtener su casa, para ello hemos solicitado a los supuestos pisatarios del terreno junto a los directivos de Altesa 1315 a una segunda reunión el próximo viernes a partir de las 10:00 de la mañana, para así conocer la legalidad de éstas personas en esos espacios", dijo la concejal Guerra.
Tomado del Notitarde,
Reubicar a familias de Alianza Garden
Guacara, mayo 11 (Petra María Jiménez).- Con la finalidad de solucionar la entrega de viviendas a las casi 150 familias en la urbanización Alianza Garden, se instaló el pasado lunes una comisión ampliada en el Concejo Municipal de Guacara, presidida por la edil Silvia Guerra en la que se espera que la empresa constructora reubique a las personas que desde el año 2007 cancelaron la inicial de las edificaciones.
Daylester Ortiz, una de las afectadas, señaló que pagó desde el año 2007 la inicial de su apartamento, y que los encargados de la obra se la prometieron para principios del 2008, pero hasta la fecha ni siquiera han erigido las bases para su posterior construcción.
"Estamos muy preocupados por el retraso en la entrega, porque sabemos que no han iniciado la cimentación, al parecer el terreno que iba ser utilizado para la obra, está invadido por unas personas pero se desconoce la veracidad de esto", precisó la Ortiz.
Otro de los vecinos presentes en la reunión, de nombre Carlos Mendoza, dijo que si la empresa constructora sabía de la problemática del terreno, por qué proyectó edificios sobre un espacio que al parecer tiene una demanda ante las instancias correspondientes.
Por otra parte, la comisión ampliada del Concejo Municipal, en donde estuvieron presentes los parlamentarios Silvia Guerra, Rodolfo Matheus y Alberto Robles, además de la jefa de permisología de Infraestructura Municipal, María Daniela Aponte, propuso a los directivos de la empresa Altesa 1315, responsable de la misma, reubicar a las familias afectadas en otros urbanismos que realiza la referida compañía en otro terreno cercano a la parroquia Ciudad Alianza.
"Sólo queremos que se le resuelva la situación a las personas que cancelaron desde hace dos años su inicial para obtener su casa, para ello hemos solicitado a los supuestos pisatarios del terreno junto a los directivos de Altesa 1315 a una segunda reunión el próximo viernes a partir de las 10:00 de la mañana, para así conocer la legalidad de éstas personas en esos espacios", dijo la concejal Guerra.
Tomado del Notitarde,
jueves, 19 de marzo de 2009
Noticias de Interés
Parlamento podría regular preventa inmobiliaria
Fuente: El Carabobeño
Fecha: 06-03-2009
La diputada Laura Valls (PPT/Carabobo), presidenta de la Subcomisión de Vivienda, entregará, el próximo miércoles 11 de marzo, ante la Comisión de Administración y Servicios, el Anteproyecto de Ley de Preventa Inmobiliaria, instrumento a partir del cual se busca acabar con la especulación en el precio de los inmuebles en construcción.
Explicó la parlamentaria que solicitará a la Plenaria urgencia reglamentaria para el debate de este instrumento jurídico, que de aprobarse prohibirá la preventa inmobiliaria de aquellos inmuebles que no estén debidamente permisados por las autoridades pertinentes. Además -dijo Valls- esta normativa impedirá que los constructores de inmuebles vendan o hagan la promoción en terrenos que no sean de su propiedad.
“Esta propuesta jurídica prohibirá que por razones fútiles el costo del inmueble varíe, toda vez que las constructoras tienen una modalidad particular de calcular los costos del apartamento, como por ejemplo, sí le pega el sol o sí el mismo tiene una vista distinta”, preciso la diputada.
Entre otro elemento a favor de los futuros copropietarios de los inmuebles, de acuerdo al anteproyecto sobre la preventa inmobiliaria, será la regulación del Indice de Precios al Consumidor (IPC), cuyo cobro excesivo afecta a la ciudadanía y que se debe calcular hasta la fecha pactada para la entrega del inmueble sin recargarle la mora del constructor al comprador.
También incluye la propuesta jurídica exigir que la propaganda del inmueble incluya el número de permiso y la autorización del proyecto por parte del Indepabis, considerando que existen proyectos donde las viviendas ya están en venta, a través de maquetas sin estar permisadas.
Consejo Comunal denunció presunta corrupción
Miembros del Consejo Comunal 13 de abril, en el municipio Diego Ibarra, en el estado Carabobo, se reunieron con el diputado Israel Sotillo, en la AN, para denunciar presuntos hechos de corrupción en la construcción de 342 viviendas destinadas a miembros de la agrupación.
Henry Villegas, dirigente del Consejo Comunal 13 de Abril, explicó que la construcción de la Cuidadela José Antonio Anzoátegui comenzó durante el mandato del ex gobernador Felipe Acosta Carles hace cinco años pero aún “no hemos logrado nuestro objetivo”.
Villegas señaló que hubo hechos de corrupción en el levantamiento de la obra por se trataban de “342 apartamentos y no te los terminan y se va la empresa y no te dicen nada, quiere decir que se robaron los reales”.
Manifestó que colocarán todas las denuncias correspondientes para que “llamen a capítulo a todos los que robaron en la obra”.
Fuente: El Carabobeño
Fecha: 06-03-2009
La diputada Laura Valls (PPT/Carabobo), presidenta de la Subcomisión de Vivienda, entregará, el próximo miércoles 11 de marzo, ante la Comisión de Administración y Servicios, el Anteproyecto de Ley de Preventa Inmobiliaria, instrumento a partir del cual se busca acabar con la especulación en el precio de los inmuebles en construcción.
Explicó la parlamentaria que solicitará a la Plenaria urgencia reglamentaria para el debate de este instrumento jurídico, que de aprobarse prohibirá la preventa inmobiliaria de aquellos inmuebles que no estén debidamente permisados por las autoridades pertinentes. Además -dijo Valls- esta normativa impedirá que los constructores de inmuebles vendan o hagan la promoción en terrenos que no sean de su propiedad.
“Esta propuesta jurídica prohibirá que por razones fútiles el costo del inmueble varíe, toda vez que las constructoras tienen una modalidad particular de calcular los costos del apartamento, como por ejemplo, sí le pega el sol o sí el mismo tiene una vista distinta”, preciso la diputada.
Entre otro elemento a favor de los futuros copropietarios de los inmuebles, de acuerdo al anteproyecto sobre la preventa inmobiliaria, será la regulación del Indice de Precios al Consumidor (IPC), cuyo cobro excesivo afecta a la ciudadanía y que se debe calcular hasta la fecha pactada para la entrega del inmueble sin recargarle la mora del constructor al comprador.
También incluye la propuesta jurídica exigir que la propaganda del inmueble incluya el número de permiso y la autorización del proyecto por parte del Indepabis, considerando que existen proyectos donde las viviendas ya están en venta, a través de maquetas sin estar permisadas.
Consejo Comunal denunció presunta corrupción
Miembros del Consejo Comunal 13 de abril, en el municipio Diego Ibarra, en el estado Carabobo, se reunieron con el diputado Israel Sotillo, en la AN, para denunciar presuntos hechos de corrupción en la construcción de 342 viviendas destinadas a miembros de la agrupación.
Henry Villegas, dirigente del Consejo Comunal 13 de Abril, explicó que la construcción de la Cuidadela José Antonio Anzoátegui comenzó durante el mandato del ex gobernador Felipe Acosta Carles hace cinco años pero aún “no hemos logrado nuestro objetivo”.
Villegas señaló que hubo hechos de corrupción en el levantamiento de la obra por se trataban de “342 apartamentos y no te los terminan y se va la empresa y no te dicen nada, quiere decir que se robaron los reales”.
Manifestó que colocarán todas las denuncias correspondientes para que “llamen a capítulo a todos los que robaron en la obra”.
Noticias de Interes
Indepabis aplicó medida de prohibición de enajenar y gravar a cinco constructoras de viviendas
Luego de recibir más de 350 denuncias de usuarios y usuarias por cobro indebido del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), de parte de constructoras de complejos habitacionales, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), les aplicó una medida de prohibición de enajenar y gravar.
Las empresas a las que se les aplicó la decisión son: Virgen de la Macarena III, ubicada en Los Teques; Construcciones Hedsan, en el municipio Libertador; Urbanizadora Nueva Casarapa, en Guarenas; Urbanizadora Terrazas de Guaicoco, ubicado en el municipio Sucre; Promociones y Construcciones Gamal, en el municipio Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui.
El jefe de la Sala de Sustanciación de Indepabis, Jorge Ortega, informó que la medida aplicada contempla la prohibición a las empresas propietarias o constructoras de inmuebles de vender el bien cuando éste ya fue negociado o comercializado bajo contrato con una persona. La misma se implantó una vez agotada la vía de conciliación.
Ortega indicó que una de las faltas más concurrentes de las empresas inmobiliarias es el aumento injustificado de los costos, clave de ello es cuando un usuario hace el contrato por un monto y al momento de la entrega se le obliga a pagar un incremento injustificado.
Al respecto explicó que "nosotros hemos tomado esta medida preventiva en contra de estas empresas porque estaban abusando en el cobro de INPC, incluso en contratos que no estaba estipulado el cobro de éste, por lo que obligaban a la gente a pagar precios adicionales a lo estipulado en las contrataciones con la amenaza de que si no lo pagaban en quince días ellos le vendían a otra persona".
Es importante señalar que con esta nueva acción de Indepabis se busca principalmente resolver cada uno de los casos a pesar de que ya todos los expedientes están en la Sala de Sustanciación, por lo que no se descarta que los dueños de las empresas respondan a las peticiones justificadas de los afectados.
Entretanto, se conoció que el Instituto seguirá recibiendo cualquiera de las denuncias de este tipo, para así canalizar las soluciones más pertinentes.
Tomado de: http://www.entornointeligente.com
Luego de recibir más de 350 denuncias de usuarios y usuarias por cobro indebido del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), de parte de constructoras de complejos habitacionales, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), les aplicó una medida de prohibición de enajenar y gravar.
Las empresas a las que se les aplicó la decisión son: Virgen de la Macarena III, ubicada en Los Teques; Construcciones Hedsan, en el municipio Libertador; Urbanizadora Nueva Casarapa, en Guarenas; Urbanizadora Terrazas de Guaicoco, ubicado en el municipio Sucre; Promociones y Construcciones Gamal, en el municipio Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui.
El jefe de la Sala de Sustanciación de Indepabis, Jorge Ortega, informó que la medida aplicada contempla la prohibición a las empresas propietarias o constructoras de inmuebles de vender el bien cuando éste ya fue negociado o comercializado bajo contrato con una persona. La misma se implantó una vez agotada la vía de conciliación.
Ortega indicó que una de las faltas más concurrentes de las empresas inmobiliarias es el aumento injustificado de los costos, clave de ello es cuando un usuario hace el contrato por un monto y al momento de la entrega se le obliga a pagar un incremento injustificado.
Al respecto explicó que "nosotros hemos tomado esta medida preventiva en contra de estas empresas porque estaban abusando en el cobro de INPC, incluso en contratos que no estaba estipulado el cobro de éste, por lo que obligaban a la gente a pagar precios adicionales a lo estipulado en las contrataciones con la amenaza de que si no lo pagaban en quince días ellos le vendían a otra persona".
Es importante señalar que con esta nueva acción de Indepabis se busca principalmente resolver cada uno de los casos a pesar de que ya todos los expedientes están en la Sala de Sustanciación, por lo que no se descarta que los dueños de las empresas respondan a las peticiones justificadas de los afectados.
Entretanto, se conoció que el Instituto seguirá recibiendo cualquiera de las denuncias de este tipo, para así canalizar las soluciones más pertinentes.
Tomado de: http://www.entornointeligente.com
lunes, 9 de marzo de 2009
864 familias afectadas por retrasos en urbanismo Alianza Garden
Guacara, marzo 8 (REDACTA).- Algunos copropietarios del nuevo urbanismo Alianza Garden, ubicado en la IV etapa de Ciudad Alianza, municipio Guacara, denunciaron retrasos en las construcciones llevadas a cabo por Alteza 1315, al tiempo que advirtieron insuficiencia de terrenos para la edificación de las 18 torres establecidas.
Así lo informó Carlos Mendoza, copropietario, quien admitió que aunque algunos convenios no están especificados en el contrato legal, aseguró que los ingenieros encargados les prometieron “de palabra” entregar los inmuebles en el año 2008 y, sin embargo, hasta la fecha sólo se han entregado tres torres, con numerosos problemas.
“Esta situación afecta a cerca de 864 familias que cancelamos una inicial con mucho sacrificio; no es posible que, a estas alturas, sólo seis torres estén levantadas, mientras que 12 quedaron paralizadas, pues los encargados sostienen que se les acabó el presupuesto”, resaltó Mendoza.
Endelys Gudiño, copropietaria, advirtió que las torres 14, 13 y 18 son las más afectadas, puesto que, según aseguró, el área total de Alianza Garden no tiene capacidad para edificar las 18 torres prometidas, sino 12; es decir, que seis edificios no entran dentro del croquis que se les ofreció inicialmente.
“Lo que hemos investigado es que existe un terreno aledaño donde habitan dos pisatarios con los cuales no se ha convenido acuerdos de desalojo, lo que violenta lo contemplado, pues a mí me corresponde una de las obras que ni está hecha ni sabemos que pueda estarlo”, expresó conmovida.
Llevarán el caso al Indepabis
En cuanto a los 144 apartamentos que ya han sido entregados formalmente, Carlos Pulido explicó que no tenían puntos de agua, ni gas. Además presentaron fallas en la electrificación, al tiempo que acotó que no poseen las ventanas panorámicas ni la cerca perimétrica, prometida “de palabra” por los responsables.
Finalmente, los afectados informaron que realizarán la denuncia formal ante el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), a fin de lograr una mejor solución para esta situación irregular.
domingo, 8 de marzo de 2009
Pared de la Urbanización
Reinaldo Mendoza
VALENCIA.- La concejala Silvia Guerra denunció que, unas 8 obras se ejecutan en el municipio Guacara sin el debido cumplimiento de las ordenanzas que desde el seno del Concejo Municipal se han aprobado.
"Nuestro deber como concejales es ejercer la contraloría social en sintonía con las comunidades, es por eso que, no vamos a permitir que se violen los estatutos que hasta ahora hemos sancionado, los empresarios que erigen en el municipio tienen que tomar en cuenta la ordenanzas de procedimientos para las construcciones", sostuvo la edil.
Más adelante destacó las labores que a su juicio se cimientan a espaldas de las leyes, tal es el caso de la colocación en el club de Papeles Venezolanos de una antena de una empresa de telefonía celular, el cual afecta a los vecinos del sector de Nueva Guacara, " ésta antena la pusieron sin el consentimiento de los residentes de la zona, además las áreas verdes de mencionado club social fueron mutiladas para beneficio de ésta compañía".
Por su parte, la construcción que se desarrolla detrás del Cuerpo de Bomberos, también la que está frente al Cementerio Municipal, además la que se efectúa en la esquina del Centro Comercial Guacara Plaza en la avenida Piar y la que está frente al C.C. Madeirense en la Urbanización Ciudad Alianza, a su juicio están infringiendo los estatutos municipales.
Añadió diciendo que a pesar de que se aprobó con nueve votos de los ediles guacareños la demolición de la inmensa pared de Alianza Garden, hasta ahora los dueños de la referida edificación han hecho caso omiso.
"Le hacemos un llamado a los propietarios de las construcciones antes mencionadas para que se apeguen a las normativas legales, ya que de no ser así, también se contemplan las sanciones respectivas", finalizó.
Extraido del diario La Costa
http://www.diariolacosta.com/?conte=informacion&id=30306
VALENCIA.- La concejala Silvia Guerra denunció que, unas 8 obras se ejecutan en el municipio Guacara sin el debido cumplimiento de las ordenanzas que desde el seno del Concejo Municipal se han aprobado.
"Nuestro deber como concejales es ejercer la contraloría social en sintonía con las comunidades, es por eso que, no vamos a permitir que se violen los estatutos que hasta ahora hemos sancionado, los empresarios que erigen en el municipio tienen que tomar en cuenta la ordenanzas de procedimientos para las construcciones", sostuvo la edil.
Más adelante destacó las labores que a su juicio se cimientan a espaldas de las leyes, tal es el caso de la colocación en el club de Papeles Venezolanos de una antena de una empresa de telefonía celular, el cual afecta a los vecinos del sector de Nueva Guacara, " ésta antena la pusieron sin el consentimiento de los residentes de la zona, además las áreas verdes de mencionado club social fueron mutiladas para beneficio de ésta compañía".
Por su parte, la construcción que se desarrolla detrás del Cuerpo de Bomberos, también la que está frente al Cementerio Municipal, además la que se efectúa en la esquina del Centro Comercial Guacara Plaza en la avenida Piar y la que está frente al C.C. Madeirense en la Urbanización Ciudad Alianza, a su juicio están infringiendo los estatutos municipales.
Añadió diciendo que a pesar de que se aprobó con nueve votos de los ediles guacareños la demolición de la inmensa pared de Alianza Garden, hasta ahora los dueños de la referida edificación han hecho caso omiso.
"Le hacemos un llamado a los propietarios de las construcciones antes mencionadas para que se apeguen a las normativas legales, ya que de no ser así, también se contemplan las sanciones respectivas", finalizó.
Extraido del diario La Costa
http://www.diariolacosta.com/?conte=informacion&id=30306
Alianza Garden
Este conjunto residencial ubicado en la cuarta etapa de Ciudad Alianza - Estado Carabobo, tiene como característica un grupo de 18 torres de cuatros pisos y cuatro apartamentos, lo que totaliza un número de 288 apartamentos de 70 m2 aproximadamente con estacionamiento incluido.
Su constructora y comercializadora es Consorcio Alteza 13-15, quien con financiamiento del Banco Mercantil ha promocionado y vendido las 18 torres.
La constructora Consorcio Alteza 13-15 diseñó un plan de ventas con una inicial financiada (30% aproximadamente), posible subsidio y el resto por ley política habitacional.
Los compradores de estas torres nos vemos forzosamente obligados a publicar este Blog para mostrar innumerables irregularidades en la construcción de las torres, que hemos evidenciado al visitar las bienhechurías que hasta ahora han sido edificadas.
Hasta el momento solo han sido entregadas las tres primeras torres y se perciben detalles que los mismos compradores han reclamado a la constructora.
Las torres 4 a la 6 no se ha protocolizado la habitabilidad por las autoridades de los bomberos identificaron notables riegos que pueden afectar la vida de los futuros habitantes.
De las torres 7 a la 12 solo se cuenta con las estructuras levantadas pero el avance de las obras es prácticamente nulo, porque no se ve siquiera el interés de finiquito.
Lo más preocupante es la realidad de las torres 13 a 18, ya que los terrenos a ser utilizados para la construcción de las mismas está en manos de pisatarios de la urbanización Ciudad Alianza, situación esta que desconocíamos los compradores al efectuar el contrato de oferta de compra y nos dimos por enterados a partir de Diciembre de 2008, cuando la constructora Consorcio Alteza 13-15 reconoció que estos terrenos estaban siendo ocupados por los pisatarios y supuestamente estaban en litigio porque al parecer eran propiedad de la Constructora. No obstante lo compradores dimos un voto de fe a la constructora para ver si cumplían, sin embargo, fuimos burlados porque entre alegato y alegato no han dado una respuesta concreta.
Los compradores vamos a actuar con firmeza y coraje para reclamar nuestros derechos, pusimos una gran inversión de dinero en manos de la constructora Consorcio Alteza 13-15 que con financiamiento del Banco Mercantil prometió construir estos apartamentos, y hasta ahora solo hemos evidenciado vicios, irrespeto de nuestros derechos, y falta de compromiso.
Hasta la fecha no han dado siquiera las fechas de culminación de las obras lo que representa el mayor abuso e irrespeto a nuestro patrimonio. Se requiere que se sumen el mayor número de compradores para hacer presión y evitar que seamos estafados como hasta ahora lo demuestra la actitud de la directiva del Consorcio Alteza 13-15 quienes poco han hecho por agilizar las obras y dar repuestas al sinnúmero de irregularidades.
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