Más de 50 denuncias consignadas en Comisión contra fraudes inmobiliarios. Mañana inicia proceso de sanción contra constructoras

Daniela Martucci

Valencia, junio 28 (REDACTA). - Griselda Sierra compró una vivienda en preventa hace tres años (junio 2006) y hasta la fecha la empresa ni siquiera ha comenzado a construir, por presentar problemas con los permisos que otorga la alcaldía de San Diego. “Pedí que me reintegraran el dinero pero me dicen que los gastos administrativos no serán regresados”, comentó la afectada que esperaba ser atendida en la oficina de Corpocentro, donde se han consignado más de 50 denuncias de fraudes y estafas inmobiliarias.

Hasta el 23 de marzo Sierra canceló 56 mil bolívares fuertes, más la indemnización suman Bs.F. 63 mil. Este cálculo fue hecho por la constructora hace tres meses. La resolución número 110 del Ministerio para las Obras Públicas y Vivienda (MOPVI) establece que el reintegro de su dinero debe incluir indemnización hasta la fecha y lo que se haya totalizado por gastos administrativos ya que, según la asesoraron, “no es mi culpa que ellos no hayan podido construir”.

Ya establecida la Comisión Coordinadora contra el Fraude, Estafa y Usura Inmobiliaria, el público ha asistido masivamente a la oficina de Corpocentro dispuesta para la recepción de denuncias. Los funcionarios y fiscales estuvieron el viernes acompañados por el diputado Osmar Gómez, presidente de la comisión y la directora regional del MOPVI Arelys Marín.

Al igual que Sierra son muchos los casos sometidos a investigación por la comisión, para que el próximo martes se comience a tomar acciones contra las inmobiliarias y constructoras que al parecer están actuando al margen de la ley.

“Hasta el momento se han producido más de 50 denuncias fuertes en contra de inmobiliaria Irma, Coyserca, Grupo Fernández, Blancoveca, Constructora Caribe, Malis House, Amazonia, entre otras”, reportó el diputado Gómez. Comentó que muchas contratistas están presionando para que se les cancele el Indice de Precio al Consumidor (IPC) correspondiente a los meses previos al 10 de noviembre de 2008 pero “la ley dice que no se debe cancelar el impuesto en esta fecha, ni ajustes inflacionarios o de corrección” mantuvo.

Algunos constructores hasta han cambiado el contrato anteriormente firmado, según refirió Gómez. “Cualquier cobro que se haga en la actualidad de IPC no debe ser cancelado y debe denunciarse ante esta comisión”, expresó. Una vez recogidas las denuncias, se hará un breve recuento que será presentado ante el consejo legislativo regional y, luego de que ambas partes presenten su defensa, el caso pasará al ente correspondiente (Fiscalía o Indepabis) para que se aplique la sanción respectiva.

Entre los presentes se encontraba Hassan Richani, quien es presidente de la Federación Nacional de Vivienda en Carabobo y expuso ante los funcionarios la inquietud que mantiene como constructor al que día a día se le incrementa el costo en materiales que debe reponer de alguna forma. “Se nos hace imposible mantener un precio igual al que teníamos hace nueve meses. Si regulan la vivienda, por ley deben regularse los materiales para la construcción”, protestó.

IPC causado sin definirse

Rafael Trejo, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, aseguró que las empresas afiliadas están haciendo el respectivo reintegro del IPC a sus compradores. “Las personas que ya protocolizaron han sido llamadas a buscar su cheque y las que continúan pagando tienen la opción de abonar el monto como forma de pago”, aseveró.

Se han solicitado reuniones para definir cómo será el cobro del llamado “IPC causado”, el cual surge de un convenio de pago entre el promotor y el cliente, donde se acuerda cancelar el impuesto al final. “El articulado no establece de qué forma queda estipulado el cobro en casos como éstos”, determinó Trejo.

Las oficinas de la comisión contra el fraude inmobiliario, ubicadas en la sede de Corpocentro en la avenida Bolívar, abren sus puertas al público los días lunes, viernes y sábado hasta mediodía.

Persisten irregularidades en construcción de Alianza Garden

Johanna Alvarez Alvarez

Valencia, junio 27 (REDACTA).- Las presuntas irregularidades en la construcción del Conjunto Residencial Alianza Garden en Guacara, a cargo del Consorcio Alteza 13-15, persisten, pese a las reiteradas denuncias de un grupo de copropietarios.

Los afectados señalaron que representantes de la constructora comentaron que se incrementará el monto final de los apartamentos, por el aumento de los materiales de construcción y mano de obra. Indicaron que el monto total a cancelar se les precisará tres meses antes de la protocolización del documento de venta, que se estima para finales del año 2010.

Nieves Rodríguez, vocera del grupo, aseguró que 5 de las 18 torres del proyecto de Alianza Garden no tienen terreno para su construcción, debido a la presencia de pisatarios en el lugar desde hace 30 años. Alteza 13-15 les afirmó que las torres podrán concluirse en unos cinco años.

Rodríguez reiteró que la constructora sigue ofertando y cobrando cuotas por las cinco torres sin contar con los terrenos. La fecha de culminación de la obra es otra queja que tiene el grupo de copropietarios, porque no se especificaba en los contratos que firmaron. En 2007, los vendedores les dijeron que el conjunto residencial estaría listo para agosto de 2008, y en las últimas reuniones que han tenido con representantes del consorcio les dijeron que será para finales de 2010.

Los copropietarios presentaron el caso ante el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis). Dueños de Alteza 13-15 fueron citados en dos ocasiones anteriores, pero no han acudido. La próxima reunión es para el martes 30.

Hace un mes, el Concejo Municipal de Guacara ordenó la paralización definitiva de las obras, por presumirse una estafa a más de 300 familias, y exigió iniciar una averiguación administrativa a Alteza 13-15. Días después, representantes legales del consorcio señalaron que las obras se restablecerían en los próximos días, pues consignaron los documentos exigidos por la Dirección de Infraestructura de Guacara.

Pablo Bolaños, uno de los encargados de la obra, indicó que la cámara municipal ayudará a retirar a las personas que invadieron unos terrenos, lo que impide la construcción de algunas edificaciones. Explicó que la demora se debe a la tardanza de la cédula de habitabilidad y de la entrega definitiva de los recursos que el Estado venezolano debe suministrar al banco para la efectiva protocolización.

Extraido del Diario El Carabobeño:
http://www.el-carabobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a280609b08&id=t280609-b08